Erte
Seguro que esta ha sido una de las palabras más pronunciadas durante estos meses; un acrónimo que no debe confundirse con ERE, que es un concepto completamente opuesto, ya que mientras los ERTE suponen medidas temporales para tratar de salvar empresas que atraviesan por momentos difíciles, los ERE equivalen a despidos. Un ERTE plantea medidas de reducción de jornada o de suspensión de empleo, cuyo coste asumen las tres partes afectadas -trabajador, empresa y sociedad-, a cambio de la supervivencia de la empresa y de que pueda recuperarse el empleo y la actividad una vez pasado el momento de dificultad.
Durante la crisis del COVID-19, el Gobierno acordó con los agentes sociales medidas para hacer más atractivo el recurso al ERTE y evitar así que muchas empresas bajasen definitivamente la persiana; facilitaron su tramitación, plantearon medidas económicas para beneficiar a las empresas como es la exoneración de cuotas de Seguridad Social, y medidas para reducir el perjuicio a los trabajadores y trabajadoras en ERTE como que durante esta situación no se pierda tiempo de derecho a recibir la prestación por desempleo. Es el Estado quien a corto plazo ha salido perdiendo, puesto que todo esto supone un mayor coste para las arcas públicas, aunque a largo plazo es una inversión ya que la recuperación de la actividad económica será más rápida, una vez superada la crisis sanitaria.
Hasta aquí todo parece casi perfecto, aunque la realidad no lo ha sido tanto. En primer lugar, porque quienes han sufrido un ERTE han cambiado su salario por una prestación por desempleo que es significativamente inferior y que en algunos casos se ha recibido con retraso; siendo además muy pocas las empresas que han complementado dicha prestación para hacer esta situación más soportable a sus trabajadores. Algunas CCAA como Castilla y León acordaron en el marco del Diálogo Social entre administración, sindicatos más representativos y patronal, establecer ayudas para estas personas, que en este momento no solo no se han pagado todavía, sino que finalmente no se van a pagar porque la propia Junta ha decidido unilateralmente desvincularse de dicho acuerdo y dejar sin ellas a más de 70.000 personas de nuestra Comunidad.
Y por último y no menos grave, ha sido que en medio de esta situación dramática que supone esta pandemia, muchas empresas utilizan la crisis para abusar de sus trabajadores y del conjunto de la sociedad. Obligando a trabajar fraudulentamente a sus trabajadores en ERTE -a ver quién se atreve a negarse y a denunciar el abuso -; trampeando la tramitación de los ERTE, saltándose la legislación y amparándose en que el gran volumen de expedientes ha dificultado su control por la autoridad laboral; han dejado fuera de los ERTE a quienes tienen contrato temporal, fijo discontinuo y a otros colectivos que se han visto claramente perjudicados, por no hablar de quienes sufrieron un despido disciplinario o “casualmente” la no superación del periodo de prueba; también hay empresas que han seguido cobrando por contratas con administraciones públicas, mientras que sus trabajadores estaban en ERTE; y por último no faltan las que han ninguneado a la representación sindical para la negociación de las condiciones del ERTE.
Los beneficios de los ERTE son indiscutibles y el país ha tenido suerte de que este Gobierno entendiera la necesidad de estas medidas, a pesar de que algunos de los de siempre lo hayan aprovechado para sacar tajada de la crisis. Ojalá que la administración de justicia, si es que de una vez por todas se reactiva, ponga en su lugar a quienes, en un momento de tanto dolor, hayan obtenido ganancias fraudulentamente abusando de ellas a costa de sus trabajadores, de las empresas que han actuado de forma honesta y de la sociedad en su conjunto.