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16

jul 2018

Se me hace bola 2

16 de Julio de 2018. Carlos Castedo Garbí, secretario de Estudios y Asesoramiento Jurídico y Sindical de CCOO Castilla y León

Artículo de Carlos Castedo publicado en el Norte de Castilla el lunes, 16 de julio de 2018. "… saber que en Castilla y León hay muchas personas que no pueden comprar las medicinas recetadas por sus médicos porque tienen que pagar el 40% de su precio, que es el porcentaje de copago para quienes tienen salarios de menos de 18.000€ y que son más de un millón de personas en la comunidad. Por no hablar de quienes estando en situación económica precaria tienen necesidad de alguno de los cientos de productos que no son sufragados por la sanidad pública por una decisión rácana del gobierno de Rajoy motivada en la crisis".


Entre 2008 y 2013 el gasto público en productos de farmacia se desplomó al mismo ritmo que lo hacía el PIB, hasta que en 2014, con la recuperación de la economía, comenzó a crecer de nuevo, aunque todavía es un 18% inferior al de 2010. Sin embargo, el gasto realizado por la ciudadanía no ha dejado de aumentar en estos años. Como resultado tenemos que por cada 100€ que la Junta de Castilla y León destinaba a productos farmacéuticos en 2010, las familias gastaban 17,6€ y que en 2017 esta cantidad ya es de 39,1€, lo que supone un incremento del 122% en solo siete años. Esto supone un gasto total privado de 232 millones de €, que es el más alto hasta ahora y en el que no se incluyen ni servicios dentales, ni servicios médicos, ni aparatos terapéuticos, etc.

El caso es que el año pasado se despacharon 52 millones de recetas en las farmacias de Castilla y León que supusieron 593 millones de € a las arcas públicas y otros 69 millones a las familias pero no podemos conocer cuántas de las recetas prescritas no se retiran de la farmacia; tal vez ahora con la puesta en marcha de la receta electrónica que ya tenían el resto de CCAA sea posible dimensionar la proporción de recetas no retiradas y el perfil de las personas que lo hacen.

Dice la Unión Europea que las empresas farmacéuticas dedican a la fabricación el 21% de sus ventas y solo el 16% a investigación, así que el 63% restante son beneficios y otros gastos como el marketing, por lo que parece poco razonable que nuestras finanzas, tanto públicas como privadas, reciban todos los años un mordisco de este tamaño a cambio de que el sector destine una buena parte de sus ingresos a promocionarse y a repartir pingües beneficios a los accionistas a costa de la salud de la población, sin importarles que haya gente que no pueda acceder a los tratamientos necesarios.

El sistema necesita retoques. No se entiende que un trabajador con ingresos por debajo de mil euros mensuales pague el 40% de sus medicinas, como tampoco es comprensible que un pensionista con ingresos de 99.000€ al año pague como máximo 18,52€ al mes. En caso de que fuera necesario mantener el copago farmacéutico, debería haber mayor número de tramos para aumentar la progresividad y con ello la justicia y debería ligarse el copago a rentas y no a situación de actividad. Pero tampoco hay que olvidar la necesidad de hacer un esfuerzo para un uso más adecuado de los medicamentos, mejorar el sistema de dispensación, ampliar la utilización de genéricos y encontrar el modo de que las empresas farmacéuticas dejen de obtener beneficios multimillonarios a costa de nuestra salud.

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