Con esta afirmación tan rotunda el ministro sueco Ernst Wigforss, del partido socialdemócrata, defendía la democracia participativa en los centros de trabajo. Y cuando nuestra Constitución, en su artículo 7, establece que “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”, podemos preguntarnos cuáles son esos intereses. Y los sindicatos de clase nos preocupamos por todos los asuntos que afectan a trabajadoras y trabajadores; el medio ambiente es uno de ellos y en las empresas podemos proponer mejoras, exigir el cumplimiento de normativas y apoyar cambios haciendo uso del derecho democrático a participar en ellas.

En la Cumbre de París, la Confederación Sindical Internacional elaboró el informe “Justicia Climática: no habrá empleos en un planeta muerto”. De esta manera se supera el falso antagonismo entre empleo y medio ambiente pues ambos están interrelacionados. El informe refleja el compromiso sindical contra el cambio climático apostando por la Transición Justa y acuñando este término en la agenda política y sindical.

Las tesis negacionistas del cambio climático ya no se sustentan más ni tampoco la continuidad del modelo productivo y de consumo actual: necesitamos 2,20 planetas para mantener nuestro ritmo actual de consumo de recursos y producción de residuos. Si consideramos la media europea, este indicador asciende a 2,8 planetas necesarios. ¿Es posible crecer ilimitadamente en un planeta finito? Podemos entender la crisis ecológica principalmente como una crisis de escasez de energía, de espacio para los residuos y de materias primas.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, también los sindicatos tenemos mucho que decir. Avanzar hacia la sostenibilidad significa buscar un equilibrio social, económico y ambiental siendo cada una de las tres dimensiones tan relevante como las demás.

Es prioritario conciliar los procesos productivos y el respeto al medio ambiente y tenemos una agenda marcada para reducir las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero. El objetivo es claro, minimizar la subida de temperatura global y los devastadores efectos que tiene sobre el planeta y sus habitantes.

Esto supone cambios en el modelo energético y en los procesos productivos y habrá sectores que deberán adecuarse a los nuevos retos. El concepto de Transición Justa llama la atención sobre las personas trabajadoras que se verán afectadas en este proceso y en la necesidad de establecer medidas para que no se vean perjudicadas. Por otro lado, se ponen en valor las posibilidades que la transición puede tener para generar empleo verde y decente, es decir, digno y de calidad.

Sólo planificando el cambio que ya viene impuesto desde la Comunidad Internacional y partiendo de los acuerdos suscritos por España, conseguiremos aprovechar las posibilidades y minimizar los perjuicios. A través de normas, medidas fiscales, apoyos selectivos, planes de formación y recualificación… se puede promover una transición hacia una economía sostenible que promueva más cohesión y justicia social.

Preocupados por ello, los agentes económicos y sociales hemos firmado un Acuerdo en el Diálogo Social de Castilla y León para promover una transición justa frente al cambio climático. Sólo un buen diagnóstico permitirá detectar las posibilidades de creación de empleo que el enverdecimiento de la economía puede traer y hacer propuestas frente al cambio.

Como decíamos al principio, los sindicatos tenemos mucho que decir y aportar sobre cómo nuestros centros de trabajo interaccionan con el entorno.

Publicado por el Norte de Castilla del 05 de junio de 2018