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21

feb 2018

Reducir el impuesto de sucesiones solo beneficia a los ricos

21 de Febrero de 2018. Carlos Castedo Garvi Sec. de Estudios y de Asesoramiento CCOO de Castilla y León

Los impuestos son indispensables para la sostenibilidad de un modelo social que está basado en la distribución de la riqueza, ya que garantizan que la prestación de servicios públicos lleguen a toda la ciudadanía, con independencia de su situación laboral y económica, ¿o acaso no sabemos cómo funciona la sanidad o la educación en países, como por ejemplo Estados Unidos, en los que su modelo social es poco redistributivo?.


Algunos partidos políticos están empeñados en hacernos creer que el modelo fiscal español es injusto, y llegan a calificarlo de confiscatorio. Dichas críticas se han centrado últimamente en el impuesto de sucesiones y donaciones. A pesar de lo furibundo de los ataques que recibe esta figura fiscal, se trata de un impuesto modesto que en España no llega al 2% del total de la recaudación fiscal y, sobre todo, altamente redistributivo, ya que quienes pagan son fundamentalmente quienes reciben herencias y donaciones de mayor cuantía, así como quienes las reciben sin ser familiares directos.

Las medidas encaminadas a desmantelar este impuesto, pretendiendo hacernos creer que aumentan la justicia fiscal, llevan, en realidad, a socavar la sostenibilidad de las políticas públicas y a incrementar la desigualdad, ya que este impuesto no solo contribuye a mejorar la financiación de nuestras maltrechas arcas públicas (no olvidemos que, según los últimos datos de EUROSTAT, en España, los ingresos públicos son 8,4 puntos menos respecto del PIB que la media de la zona euro) sino que lo hace de una manera redistributiva: pagan más quienes más obtienen.

Quienes opinamos que la injusticia de nuestro sistema fiscal radica en su falta de progresividad, nos vemos obligados a realizar un constante ejercicio de explicación para intentar contrarrestar el efecto que producen frases demagógicas tan habituales en los medios de comunicación como “es mejor que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano” o “¿cómo voy a pagar de nuevo por lo que ya pagó mi padre?”.

Si hablamos del impuesto de sucesiones y donaciones, duramente cuestionado estos días, se trata de un impuesto que viene sufriendo en los últimos años un progresivo deterioro debido a que algunas CCAA han entrado en una competencia a la baja que ha supuesto su casi anulación. Para justificar estas medidas hay responsables políticos que han argumentado el temor de que personas con grandes patrimonios pudieran modificar su comunidad autónoma de residencia para ofrecer a sus herederos una fiscalidad más favorable. Sin embargo, desde una visión política progresista tenemos que poner los puntos sobre las íes para tratar de evitar los engaños que produce este discurso tan dañino socialmente.

En primer lugar hay que reflexionar respecto de si la acumulación de riqueza debe ser objeto de una fiscalidad específica; mi respuesta es que sí, porque es la única forma de compensar a quienes en nuestra sociedad se encuentran en una situación de inferioridad –una fórmula mucho más drástica y probablemente más justa sería la eliminación de las herencias-. Porque no podemos concebir una sociedad justa sin que -de alguna manera- se limite el traspaso de la riqueza entre personas, dado que es indiscutible que actualmente el desarrollo personal está condicionado por la cuna en que nacemos y nos criamos. No es que nuestros padres, abuelos -o tíos de América- ya hayan pagado anteriormente, porque es el enriquecimiento de quien recibe una herencia lo que se grava con el impuesto de sucesiones. Y, como he señalado antes, fundamentalmente en los casos en que las herencias son de gran magnitud o cuando las reciben personas que no son familiares directos. ¿Por qué alguien que obtuviera por una herencia los ingresos equivalentes a muchos de años de trabajo no habría de pagar nada por ello?.

Hay que explicar que para el cálculo de la tarifa del impuesto de sucesiones se tienen en cuenta el valor de la herencia, el grado de parentesco respecto de quien se recibe y la situación económica previa del perceptor. ¿Qué mayor ejemplo de justicia social?.

Quienes se oponen a este impuesto no dicen que el tipo es progresivo (se aplica un mayor porcentaje cuanto mayor es el valor de lo heredado), ni que también es menor el porcentaje a aplicar cuanto mayor es la cercanía del parentesco, ni que determinados bienes como la vivienda o las empresas familiares, están exentos de tributación, así como que hay reducciones de cuota por ejemplo en situaciones de discapacidad de la persona perceptora de la herencia, entre otras. Tampoco se dice que el impuesto tiene un mínimo exento que hace que el número de personas que realmente lo paga sea muy pequeño. En conclusión, que eliminando este impuesto se va en contra de la progresividad fiscal que supone que pague más quien más tenga.

En el año 2015 teníamos en Castilla y León un impuesto de sucesiones que consideraba exentos de tributación los primeros 175.000 euros de todas las declaraciones (con la normativa estatal original, el límite era de 60.000 euros). Esto es, los primeros 175.000 euros no pagaban y, a partir de ahí, se aplicaba la escala progresiva del impuesto. En 2016 se aumentó este límite a 200.000 euros, en 2017 a 300.000 y en 2018 a 400.000 (recordemos que la vivienda familiar o determinados negocios no se incluyen en esta cantidad exenta y que se trata de la cantidad percibida por cada uno de los herederos y no del conjunto de la herencia). La reforma de 2018, que eleva el límite de 300.000 a 400.000 euros, beneficiará, según apreciaciones de la Junta, tan solo a unas 1.300 personas cuyo incremento patrimonial por la vía de que otra persona ha decidido cedérselo, sea de más de 300.000 euros; y, dentro de ellas, beneficiará todavía más a las rentas más altas de ellas, dado que la escala del impuesto es progresiva. El resultado es que estos sucesivos cambios solo han ido beneficiando a las herencias superiores a la cuantía del límite, ya que las inferiores no pagaban el impuesto, profundizando la escasez de ingresos de nuestra autonomía y, además, reduciendo la equidad que esta figura fiscal aportaba al sistema.

Al mismo tiempo que, tan generosamente, aquí se deja de recaudar de quienes más tienen, esos mismos partidos políticos justifican recortes en los servicios públicos o acuden al Estado solicitando más transferencias porque no son suficientes los recursos disponibles. A poco que se analice se ve con claridad que en materia fiscal, lo que pretenden estos partidos políticos es darnos gato por liebre. Y yo prefiero que si vamos a tener que comer gato, que no me engañen diciendo que es una liebre muy sabrosa. Dejo pendiente para otro artículo la reflexión sobre la obligación de garantizar el buen uso de los recursos públicos, la transparencia en el gasto y la lucha decidida contra la corrupción, en lo que estamos completamente de acuerdo y que requeriría muchos más esfuerzos, pero siempre pensando en reforzar nuestro modelo social y no en desmantelarlo.

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