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16

oct 2017

Es imprescindible un pacto fiscal para Castilla y León, artículo de Carlos Castedo

16 de Octubre de 2017.

El secretario de Estudios y Asesoramiento Jurídico y Sindical de CCOO Castilla y León, Carlos Castedo, firma este artículo de opinión publicado en el Norte de Castilla el 13 de octubre de 2017.

En el año 2018, el PIB de Castilla y León será un 4,5% superior al de 2008, esto es, casi 2.600 millones de euros más. Sin embargo, los ingresos no financieros de la Junta de Castilla y León seguirán estando un 9% por debajo de los que la Comunidad tuvo ese año, el equivalente a 888 millones de euros menos. Un dato que evidencia que lo que inicialmente fue una situación de crisis financiera se ha convertido en una oportunidad para que consigan su objetivo quienes propugnan el adelgazamiento del sector público, ya que con los estrictos límites existentes en el endeudamiento, menos ingresos significa menos capacidad de gasto. Y todos y todas sabemos que adelgazar el sector público significa recortar a la ciudadanía derechos y prestaciones.


Cuando a cambio de reducir la fiscalidad, se recorta el gasto educativo, el sanitario, el de prestaciones sociales o el de políticas de vivienda, lo que se produce es un aumento de la brecha social entre personas ricas y pobres porque las de rentas más altas son las beneficiarias de la relajación fiscal y, sin embargo, las de rentas más bajas son quienes más sufren los recortes.

En los días previos a la aprobación por la Junta de Castilla y León del proyecto de presupuesto de la Comunidad para 2018 que a continuación se debatirá en las Cortes -no olvidemos que junto al presupuesto se aprueba la política fiscal-, asistimos al chantaje para bajar impuestos al que el partido Ciudadanos somete al Partido Popular, que, por otra parte, da muestras de parecer gustarle este chantaje.

Nos lanzan el mensaje falaz de que estas medidas tendrán repercusión exclusivamente entre los pobres, y que los ricos seguirán pagando como siempre, pero no debemos dejarnos engañar por su demagogia porque, en realidad, las bajadas de impuestos y más cuando se trata, como proponen, de hacerlo con los impuestos directos, siempre benefician más a quienes tienen más y, de rebote, perjudican a quienes más necesitan las políticas públicas, que son los más pobres.

Por otra parte ¿cómo es posible que mantengamos la exigencia de un modelo de financiación autonómica que aporte más ingresos a Castilla y León, al mismo tiempo que, en el ejercicio de las competencias propias, año tras año se reducen los impuestos autonómicos?. Y que esto se haga, además, siendo la nuestra una de las comunidades autónomas del estado español que tienen una política fiscal más laxa, si exceptuamos a Madrid, cuya capitalidad le otorga una situación de ventaja que le permite competir deslealmente con el resto de CCAA en la bajada de impuestos.

Habría que añadir, además, que reducir impuestos a las clases alta y media alta no se traduce en un incremento equivalente de su consumo, por lo que una bajada de impuestos no puede justificarse en un inexistente efecto beneficioso sobre la actividad económica en nuestra Comunidad. Esto si ocurriría, en cambio, si el margen existente se aprovechara para incrementar las inversiones públicas, cuyo desplome en Castilla y León en los últimos años debido al quebranto de los ingresos públicos, además del propio perjuicio para la prestación de los servicios públicos, ha supuesto la aniquilación de algunas de las políticas en las que debería apoyarse nuestro crecimiento futuro (como es el caso de las de I+D+i), o que ha significado la profundización de la crisis en sectores como el de la construcción, especialmente de obra pública, con las consiguientes repercusiones catastróficas en el empleo.

En conclusión: los impuestos son necesarios. La política fiscal debe permitir a la administración autonómica disponer de ingresos suficientes para el desarrollo de las políticas públicas que garanticen, en Castilla y León, la justicia social y la redistribución de la riqueza; para ello los impuestos deben tener un componente de progresividad, que no debe reducirse respecto del actual, sino más bien incrementarse.

Nuestra Comunidad tiene la obligación de mantener la corresponsabilidad fiscal mediante una política impositiva que nos legitime para exigir una financiación autonómica acorde a nuestras particularidades geográficas y demográficas. Por añadidura, el objetivo de déficit cero que las CCAA tendrán dentro de dos años debería suponer una limitación más a la pretensión de rebajar impuestos. Si no ejercemos una política fiscal autonómica responsable, no tendremos recursos para financiar un buen Estado del bienestar en nuestra Comunidad, ni tampoco tendremos legitimidad ni argumentos para que otras CCAA contribuyan de manera solidaria con aquellas que, como la nuestra, se enfrenten a necesidades especiales de gasto debido a factores como el envejecimiento y la dispersión poblacional.

La sociedad castellana y leonesa y todo el espectro político debemos adquirir conciencia de que sólo mediante un Pacto de Comunidad en materia fiscal se puede garantizar en Castilla y León la suficiencia económica necesaria para la prestación de los servicios públicos con suficiencia y calidad y para la implementación de medidas de impulso de la actividad que saquen a Castilla y León de la cola de las CCAA en la recuperación de la economía y del empleo, como únicas vías para luchar contra la crisis demográfica que desangra nuestra Comunidad.

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