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17

jul 2017

'Comprometer la fiscalidad para mantener el Gobierno es una ruina para la ciudadanía', artículo de Carlos Castedo publicado en el Norte de Castilla

17 de Julio de 2017.

Primero fue el PNV, luego un diputado canario de indefinida adscripción, y ahora es Ciudadanos, quienes uno tras otro, van recibiendo del PP compensaciones fiscales y económicas por su apoyo a la política presupuestaria del Gobierno; compensaciones que salen de los fondos públicos del Estado cuyo destino debería ser la prestación general de servicios a la ciudadanía. Esta última ocurrencia-imposición de Ciudadanos tiene su gracia porque mira por donde al gobierno de los recortes, que tiene una deuda del 100% del PIB y que arrastra dificultades para cumplir con los autoimpuestos deberes presupuestarios, le sobran ahora dos mil milloncejos de euros de nada, lo que va a permitir rebajar los impuestos.


La propuesta de Cs –mejor dicho la concesión del PP- tiene trampas que voy a intentar desvelar: La primera es que machaconamente se traslada al pueblo una idea negativa respecto de la fiscalidad que va en la línea de restar peso al sector público a cambio de mayores beneficios para el sector privado; ¿o es que acaso no conocemos todavía lo que ocurre con la sanidad en países tan avanzados en estas ideas como los Estados Unidos?; ¿o es que todavía no tenemos claro que hay menores desigualdades sociales en países que tienen una fiscalidad alta, que en países donde no existen impuestos pero tampoco tienen servicios públicos ni distribución secundaria de la riqueza?.

La segunda trampa es que no se trata de bajar la fiscalidad de cualquier manera sino que se hace en las figuras impositivas directas, manteniendo las fuertes subidas que ha habido en las indirectas que son aquellas en las que todas las personas contribuimos en igual medida con independencia de nuestra capacidad económica. Por eso acuerdan bajar el IRPF y no el IVA, a pesar de que hay artículos de primera necesidad que en este impuesto deberían tributar por tipos reducidos.

La tercera trampa es que la medida acordada no afecta, como quieren hacer creer, a quienes tienen menos recursos, ya que hasta ahora las rentas por debajo de 12.000 no tributan IRPF por lo que estas personas no van a tener ningún beneficio a cambio de que el Estado no disponga de esos dos mil millones con los que desarrollar políticas sociales, o de estímulo de la economía, o de anticipación a la revolución digital, o simplemente para destinarlos a la reducción de la deuda que nos aprisiona como una losa. Sin embargo, sí que nos beneficiaremos el resto de personas que hagamos la declaración de la renta, sea cual sea nuestro nivel de ingresos, puesto que la rebaja de tipos no se aplica exclusivamente a quienes tienen ingresos entre 12.000 y 14.000€ sino que se hace en esa franja de ingresos “de la totalidad de contribuyentes”.

Es necesario aclarar un concepto erróneo que se ha trasladado interesadamente a la ciudadanía respecto a cómo se calcula el IRPF y es que el tipo (porcentaje) aplicado no es el que se corresponde en la tabla con la totalidad de nuestros ingresos (lo que se denomina tipo marginal) sino que a todos los contribuyentes se nos aplica el mismo porcentaje en cada tramo de ingresos desde el tramo más bajo; a quienes superan ese tramo se les aplica el porcentaje del segundo tramo, pero –y aquí está la clave- sólo sobre la parte de ingresos que ha superado el segundo tramo, y así sucesivamente. Con todo, si existiera lo que ellos llaman el efecto “salto” lo ideal no es hacer elucubraciones sino dotarnos de un sistema con más tramos, como el que había en España anteriormente, que sería mucho más equitativo que el actual que tiene cinco únicamente. Algunas organizaciones, como es el caso de CCOO de Castilla y León, venimos planteando desde hace años, entre otras medidas fiscales, la necesidad de subdividir el último tramo en otros a los que poder aplicar tipos progresivamente más altos.

En nuestra sociedad los impuestos son imprescindibles porque en ella no existe la equidad social y laboral que permita a todos sus habitantes disponer de suficientes recursos para vivir en condiciones similares, más bien al contrario avanzamos en un constante aumento de la desigualdad y de las situaciones de pobreza y exclusión social.

El sistema fiscal español se caracteriza por no recaudar suficiente en proporción a la riqueza del país (7 puntos de PIB menos que la media europea) y eso a pesar de tener tipos fiscales de los más altos. Esto tiene que ver con una estructura fiscal compleja que facilita la elusión fiscal a través de bonificaciones y deducciones fiscales que sólo están al alcance de unos pocos –los más ricos-. Además la economía sumergida, la desafección interesada hacia lo público, en la que una buena parte está relacionada con la corrupción a la que las élites políticas y económicas han sumido al país. La doble vara de medir nuestras rentas a la hora de terminar nuestra cuota fiscal hace que los ingresos obtenidos a cambio del trabajo tributen de forma más intensa que los ingresos obtenidos, entre otras fuentes, por el desarrollo de actividades económicas y, aprovecho aquí también para pedir que de una vez por todas se acometa una revisión fiscal que permita aflorar los ingresos derivados de las actividades profesionales (lo que ahora se ha dado en denominar el emprendimiento).

En resumen, señores del PP y de Cs (y señoras) saquen sus manos de nuestros impuestos cuando negocien apoyos parlamentarios para sus políticas, porque no queremos quedarnos sin Estado Social.

Nota: Este artículo, firmado por el secretario de Estudios y Asesoramiento Jurídico y Sindical de CCOO Castilla y León, Carlos Castedo, fué publicado en el Norte de Castilla el día 16 de julio de 2017

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